Pronunciado: El 10 de julio de 1972.
Versión digital: Eduardo Rivas, 2015.
Esta edición: Marxists Internet Archive, 4 de
febrero de 2016.
Hace algunos meses, al dirigirme al país, como lo he venido haciendo periódicamente, informé acerca de los acontecimientos políticos más trascendentes del momento, adelanté algunas consideraciones sobre otros, entonces en gestación, y advertí que, de concretarse éstos, tendrían graves consecuencias en la vida democrática nacional. En efecto, en las últimas semanas se han sucedido acontecimientos de relevancia para Chile. Han sido la culminación de hechos anteriores y, a su vez, van a influir en el futuro de nuestra convivencia.
Frente a las profundas transformaciones que están siendo llevadas a cabo por el Gobierno Popular, los poderosos intereses económicos capitalistas afectados no han cejado en su propósito de preservar su dominio y detener la acción revolucionaria de los trabajadores. Las grandes empresas del imperialismo, cuyas pertenencias en Chile hemos recuperado para la Patria, han ensayado, están buscando y continuarán intentando minar las bases de nuestro Gobierno por diferentes medios, incluida la provocación de una crisis económica y sin importarles el derramamiento de sangre de nuestros compatriotas. Esto, hasta hoy, demostrado plenamente y comprobado con documentos para escándalo del mundo entero.
Nuestra experiencia revolucionaria concentra sobre Chile las esperanzas de muchos pueblos, pero, también, concita los temores del capitalismo mundial. Múltiples medidas han sido adoptadas para perjudicamos. Algunas las conocemos, como la presión ininterrumpida sobre el Gobierno norteamericano, para que se emplee a fondo en aniquilar nuestra democracia o para que suprima bruscamente los créditos necesarios para importar tantos y tantos bienes indispensables para nuestra economía. Desde materia prima para telas hasta repuestos y autobuses para el transporte colectivo. Pero, ¿qué duda cabe que sólo hemos identificado una mínima parte de los hechos?
Cada cierto tiempo es la propia prensa de los Estados Unidos la que se encarga de demostrarnos a nosotros los chilenos que el tal plan de intervención contra la Patria fue organizado en 1970, 1971, o en el presente año.
A medida que pase el tiempo aparecerá más evidente la temible maquinaria internacional que nuestro pueblo tiene que vencer. Hora tras hora debemos continuar avanzando por el duro camino de recuperar nuestros recursos básicos y establecer la democracia económica. Si bien los documentos de la conspiración del capitalismo internacional son publicados en el exterior, sus efectos los estamos sintiendo aquí todos los días.
Hace apenas una semana uno de los más importantes periódicos de los Estados Unidos, el New York Times, reveló el programa entregado en octubre pasado por la ITT al Gobierno de ese país, para crear las condiciones que desencadenaran un golpe de Estado antes de abril.
Comprendía diversas medidas: desde provocar la crisis económica hasta retardar el suministro de combustible para las Fuerzas Armadas y precipitar un enfrentamiento violento entre el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo.
El plan lo conocemos ahora. Pero el intento frustrado del golpe tuvo lugar el pasado mes de marzo, como el Gobierno oportunamente denunció. Hace poco, uno de los conspiradores, así lo reconoció públicamente tras su fuga a Bolivia, develando lo que tercamente negaron políticos de oposición y la prensa adicta a ellos, después de nuestra denuncia.
Es mi deber rechazar, interpretando el sentido patriótico de la gran mayoría de los chilenos, todo intento de injerencia foránea en los asuntos internos. Pero es también mi obligación preservar la convivencia y el régimen democrático, así como prevenir acerca de los conflictos artificialmente provocados que los pueden afectar.
Recordemos que entre diciembre y enero la mayoría de oposición en el Parlamento llegó a violar hasta cuatro veces la Constitución, negando las facultades más importantes con que cuenta el Presidente de la República para poder gobernar. Se llegó hasta el extremo de exigir a los Ministros responsabilidad política ante el Congreso, cuando constitucionalmente sólo responden ante el Presidente. Se cuestionó el derecho del Jefe del Estado de designar discrecionalmente a los Ministros. Se quiso negar al Gobierno parte de la libertad de acción para elaborar el presupuesto nacional. Por último, se pretendió desconocer la calidad de colegislador del Ejecutivo al calificar sus vetos a la Ley de Arrendamientos.
De esta manera, durante los meses de enero y febrero, nuestra Constitución, de estructura presidencialista, experimentó el grave peligro de ser demolida en su esencia y transformada en parlamentaria.
El Gobierno defendió la Carta Fundamental, la oposición se obstinó en atropellarla imponiendo su mayoría de votos en el Congreso. Tuvo que intervenir el Tribunal Constitucional para resolver el conflicto, dando plena razón al Gobierno, y tuvieron que intervenir los Tribunales de Justicia para absolver a José Tohá, Ministro del Interior, demostrando así el acto ilegítimo y político en que había incurrido la oposición al aprobar la acusación constitucional en su contra.
Durante este artificial enfrentamiento entre el Congreso y el Gobierno, el sistema político de nuestro país se vio amenazado en sus pilares fundamentales. Aquellos acontecimientos encerraban una extraordinaria gravedad para la plena vigencia del sistema democrático.
Como primer responsable del buen funcionamiento de nuestras instituciones, garantía de paz y orden entre los chilenos, me entregué a fondo en la defensa de la Constitución, requisito para que el proceso revolucionario avance por el camino pluralista y democrático que nos hemos trazado.
¿Qué está pasando en nuestro país? Algo fácil de entender: quienes nunca han abandonado la ilusión de un golpe y ansían la lucha fratricida como medio de preservar la propiedad privada de las grandes empresas, de bancos y latifundios, de mantener su privilegios de clase, han sacado experiencia de sus fracasos, e intentan, ahora, alcanzar el mismo objetivo destruyendo las instituciones democráticas.
Para ello han querido atar al Gobierno de pies y manos bajo la máscara protectora de los votos en el Congreso. En cinco oportunidades ha ensayado la derecha reaccionaria destituir a Ministros de Estado. Una sola vez llegaron a la destitución, para encontrarse con que los tribunales la desautorizaban y se pronunciaban en favor del Gobierno.
De nuevo ahora, en forma abusiva, usan de la mayoría de votos en el Congreso para dificultar que un trabajador, Hernán del Canto, continúe siendo Ministro del Interior. Y, simultáneamente, desafueran al Intendente de Santiago, Alfredo Joignant.
Ministro del Interior e Intendente de Santiago, eficientes, correctos e idóneos funcionarios, son atacados por negarse a usar la fuerza pública para reprimir a obreros y campesinos, a aquellos de nuestros conciudadanos en situación más postergada y explotada.
Pues bien, que lo sepan de una vez por todas quienes siempre han reprimido a los trabajadores: por más votaciones que haya en el Congreso, mi Gobierno continuará protegiendo a los pobres y castigando la insolencia prepotente de los poderosos, cumpliendo con la ley y nuestra conciencia revolucionaria.
Debo, sin embargo, manifestar que más allá de las confrontaciones en tomo de cada uno de los conflictos que se vienen sucediendo, se desarrolla un fenómeno de mucha mayor significación. Un régimen institucional es sólido en la medida que la mayoría de los ciudadanos crea en él.
La utilización que la oposición hace del Congreso para acusar a miembros del Gobierno no sólo viola abiertamente la Constitución, sino que desvirtúa las tareas que son propias del Parlamento, llevándolo al desprestigio, por los mismos que dicen enaltecerlo.
En estos momentos, cuando tantos y tantos problemas urgentes tenemos que resolver, jugar a derribar Ministros sabiendo que legalmente yo los puedo volver a nombrar mañana, es distraernos de lo fundamental para caer en la irresponsabilidad ciega, aunque me asalta el temor de que no sea tan ciega esta irresponsabilidad.
Baste recordar el plan diseñado por un político tenebroso y aceptado por otros de querer acusar al propio Presidente de la República.
Unos conspiran y otros quieren dar rodaje constitucional a la sedición.
La escalada ha sido clara: en primera instancia, paralizar la acción del Gobierno. Detener el proceso de cambios, en segunda. En tercera instancia, cuestionar la misma naturaleza del poder que ejerce el Jefe de Estado.
Yo invito a todos los chilenos a reflexionar sobre la dinámica en que están moviéndose los privilegiados de ayer, los capitalistas de dentro y de fuera.
La crisis política que quisieron provocar el pasado mes de enero habría sido insoluble si el Tribunal Constitucional no hubiera arbitrado de acuerdo con el mandato que le impone la Ley Suprema de la República.
En febrero, al aprobar el Congreso un Proyecto de Reforma Constitucional, quiso de nuevo la oposición negar las facultades legales del Presidente de la República.
Pero para que el conflicto de poderes no tuviera esta vez solución conforme a la Carta Fundamental, personeros de la mayoría del Congreso se han anticipado a negar la competencia del Tribunal Constitucional.
¿Qué buscan por este camino? No es otra cosa sino desconocer la fuerza del derecho y de la ley.
Pero esto deja al país al borde del enfrentamiento. ¿Es esto es lo que buscan?
Que el Congreso quiera inhabilitar a un tribunal independiente, único capaz de decidir si es competente o no, es exactamente equivalente a que el Gobierno inhabilite a otro tribunal independiente como es la Corte Suprema.
Si hoy el Congreso desconoce al Tribunal Constitucional, porque no quiere someterse a su arbitraje, conforme a su derecho, y si mañana el Gobierno tomase pie en este precedente y desconociera a la Corte Suprema, ¿qué quedaría en Chile del régimen de derecho? Nada, absolutamente nada.
Con los tribunales inhabilitados, cada cual tendría que verse sometido al solo límite de la fuerza que los demás podrían imponerle. Significaría, sencillamente, acabar con la organización cívica de nuestra República, mientras se consolidaba quien más capacidad de violencia demostrase.
Con su actitud, cierto sector de la oposición está buscando un enfrentamiento entre Gobierno y Parlamento, así como provocar una situación semejante entre Gobierno y Poder Judicial.
Desean llevar al país a una crisis total.
Pero no es esto lo que la gran mayoría de los chilenos quiere. Yo he sido elegido Presiente de la República para dirigir la Revolución, no para dejar resbalar el país en la anarquía. Yo soy Presidente, porque el pueblo y la Constitución así lo imponen.
Por eso, mi deber es defender la Constitución, para que el pueblo chileno continúe adelante su esfuerzo de liberación y progrese en paz.
Pero no basta con tener la razón del derecho y la fuerza del Gobierno. Para asegurar las condiciones de la convivencia entre nuestros compatriotas se requiere la suma de voluntades coincidentes de todos aquellos que juntos significan la inmensa mayoría de la nación.
Sé bien que los interesados en acumular hechos que progresivamente vayan dividiendo a nuestro país en dos bandos irreconciliables son una despreciable minoría. Despreciable en su número y, sobre todo, en la mezquindad de su egoísmo.
Tras los partidos de oposición, más allá de ellos, hay muchos campesinos, obreros, trabajadores independientes, empresarios o medianos propietarios absolutamente contrarios a que se impongan los torvos designios del capitalismo foráneo o criollo. Por esta razón, aunque legalmente el Gobierno dispone de las facultades para no promulgar y, por consiguiente, no dar validez jurídica a una reforma que la oposición en el Congreso despacharía indebidamente -al desconocer normas constitucionales sobre tramitación parlamentaria de los vetos-, no quise limitarme a esperar la oportunidad de ejercer las atribuciones que la Constitución otorga al Presidente de la República.
Por iniciativa personal invité al diálogo sobre la materia en litigio y busqué un acuerdo que hiciera innecesaria la imposición del respeto a la Constitución por la vía de la autoridad. En las presentes circunstancias del desarrollo del proceso revolucionario, pocos hechos encierran mayor riesgo para la estabilidad de las instituciones democráticas en Chile que el desajuste entre la realidad socioeconómica, por un lado, y las formas jurídicas, por otro.
Como manifestara en mi segundo Mensaje al Congreso el pasado 21 de mayo: “No es realista pensar que el principio de legalidad y el estado de Derecho puedan dejar de cumplir la función ordenadora y dinámica que les debe ser propia, para convertirse en una barrera al desarrollo social. Si tal cosa ocurriera, las fuerzas del cambio se impondrán.
Pocos peligros más graves acechan a nuestro régimen institucional que la rigidez o lentitud de los cambios jurídicos, en medio del actual período de transformaciones aceleradas. Por eso el Gobierno no cejará en impulsar la actividad legislativa de modo correspondiente a las exigencias de la realidad”.
Conscientemente para algunos, o inconscientemente para otros, la Reforma Constitucional que intenta imponer la oposición en el Congreso es una carga explosiva de alcance ilimitado para nuestra convivencia ciudadana y nuestro desarrollo económico-social.
Compatriotas: Les pido tengan la ecuanimidad de considerar fríamente lo que les expongo. La Reforma no sólo procura negar el hecho irreversible de que las más importantes empresas han alcanzado el nivel histórico de ser propiedad de todos los chilenos y no de unas personas individuales. Por eso, su dirección está en manos de los trabajadores de cada empresa y del Estado, y no de domésticos del capital.
La Reforma no sólo intenta fijar, inmovilizar la marcha de los trabajadores contra los mecanismos capitalistas del actual régimen económico.
En otros términos, no sólo quiere negar el presente y cerrar el futuro socialista para nuestra economía, sino que, lo que es más temerario, el texto aprobado por la oposición es víctima del espejismo de querer hacer retroceder el reloj del tiempo.
Vana ilusión, en la que siempre han incurrido los sectores superados por la Historia.
En este caso, sin embargo, sostengo que es una pretensión temeraria, porque la oposición llega hasta el absurdo de querer suprimir las facultades que las exigencias de nuestra economía han confiado al Estado.
Valga un solo ejemplo: la CORFO, espina dorsal de la industrialización de Chile -legado del Presidente Aguirre Cerda- debería tener, según ese texto, menos facultades ahora que en 1939.
Vana pretensión la de negar las leyes básicas de la economía. No es el Gobierno quien se ha dado las atribuciones de la CORFO, sino que es la estructura y la dinámica de la economía de Chile la que ha generado las diversas atribuciones legales encomendadas al Estado y que la Reforma quisiera suprimir.
Los capitalistas llegan, en su afán, hasta a querer negar lo que la realidad impone.
El modelo económico subyacente en la Reforma aprobada por el Congreso estaría, en los hechos, irremediablemente condenado a fracasar. Pero este fracaso implicaría una perturbación en el funcionamiento de nuestra economía, que sumiría al país en la más incontrolable de las catástrofes.
No estamos dispuestos a que los propietarios privados de noventa y una empresas y que representantes políticos arrastren nuestra economía a situaciones objetivamente desastrosas, para impedir que la clase trabajadora adquiera la propiedad de los medios de producción fundamentales.
Tampoco estamos dispuestos a tolerar que la Constitución sea negada para dar gusto a los empresarios. Y no estamos dispuestos a ello porque el desconocimiento de la Constitución significaría empujar al país por una pendiente que empieza en la crisis política del enfrentamiento de poderes y no sabemos dónde termina.
Los trabajadores y todos los chilenos pueden estar tranquilos. El Gobierno mide en su real alcance el juego de los capitalistas y hará uso de todo su poder para impedirlo.
Puedo afirmar que en mi esfuerzo por dialogar con aquellos que estando en la oposición sostienen ser partidarios de los cambios -y hasta del socialismo-, el Gobierno hizo todo lo posible para llegar a un entendimiento, sin otra condición que preservar el respeto a las exigencias del desarrollo del país y a la Constitución.
El Ministro de Justicia ha hecho públicos los pormenores de la negociación. Por mi parte, puedo asegurar a los trabajadores simpatizantes de la Democracia Cristiana que cuando este partido concretó lo que entendía por “Empresa de Trabajadores”, el Gobierno mostró su conformidad con ella. Que la clase trabajadora sea dueña de los medios de producción y no servidora del capital es lo que define al socialismo.
Tras varias semanas de conversaciones, llevadas con toda responsabilidad y consecuencia programática por los personeros de Gobierno, me es posible afirmar que se llegó virtualmente a un acuerdo general con la directiva máxima del Partido Demócrata Cristiano, hasta el punto de que, en la tarde del día cinco, acepté el retiro de algunos vetos y el envío de un Proyecto de Ley sobre el cual existía un principio de acuerdo.
En ese momento, ciertos parlamentarios opositores impidieron la concreción de este acuerdo.
No corresponde al Gobierno entrar en los problemas internos de definición del Partido Demócrata Cristiano. Sí está porque las empresas sean de los trabajadores, como su directiva acordó con el Gobierno, o porque los monopolios textiles sean propiedad de empresarios privados, como sostuvo en el Senado uno de sus parlamentarios, tras el quebrantamiento del acuerdo con el Gobierno, cuando afirmó que no podría haber empresas de trabajadores en el área textil, ya que éstas nunca habían dejado de ser propiedad de sus patrones.
Lo que sí compete al Gobierno es asegurar el normal funcionamiento del régimen democrático, que empieza por la plena vigencia de la Constitución, así como tomar las medidas para que el desequilibrio entre la realidad revolucionaria en desarrollo y lo que la oposición capitalista pretende imponer en el Congreso lleve al país a una situación de caos incontrolable.
La Constitución ha previsto los mecanismos para dirimir estos diferendos y darles solución.
Cuando el Congreso aprueba un proyecto de ley, el Presidente puede interponer su derecho de veto y pedir la supresión o sustitución del texto. El Congreso sólo puede imponer su voluntad sobre el Presidente si dos tercios de los parlamentarios insisten en su posición. En caso contrario, prevalece el veto del Jefe del Estado y desaparece el texto aprobado por el Congreso.
Este mecanismo se aplica cada día en la elaboración de todas las leyes.
De imponerse el criterio sustentado por la mayoría opositora, resultaría el absurdo que para impedir la posibilidad del veto presidencial se legislara sobre cualquier materia, aun la más nimia, como sería cambiar el nombre a una calle a través de la Reforma Constitucional. En tal caso, y de acuerdo con este mismo criterio, el Jefe del Estado se vería obligado a la grotesca solución de llevar a plebiscito si se cambia o no el nombre de esa calle.
Resulta pues obvio que el mecanismo de los dos tercios, vigente para toda la Ley Ordinaria, con mayor motivo rige en los proyectos que afectan a la Constitución, la Ley Suprema del país.
El Gobierno impondrá el acatamiento a la Carta Fundamental y en esta oportunidad, como siempre, observará sus normas.
Cuando llegue el caso de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la cuestión técnico-jurídica de interpretación de la Constitución, impondré el respeto a lo que resuelva, sea cual fuere su fallo.
Quien pretenda que yo desconozca la procedencia de recurrir al Tribunal Constitucional, desea que yo viole la Constitución. Lo que no haré, pues ésta tiene en el Presidente de la República a su más alto garante y defensor, lo que me exige permanente vigilancia e intransigencia en su aplicación.
De acuerdo con la Carta Fundamental, la convocatoria a plebiscito es atributo exclusivo del Jefe del Estado.
Siempre he dicho que llamaré a plebiscito, pero cuando, siendo procedente, lo estime oportuno, y sobre la materia que considere pertinente consultar al país.
Es ilusión pensar que vaya a ceder ante cualquier presión que suponga infringir, aunque sólo sea por omisión, las disposiciones constitucionales. La paz y el progreso de los chilenos, la continuidad, desarrollo del régimen democrático, la garantía del proceso revolucionario nacional están por encima de los intereses de los propietarios de bancos, latifundios y grandes empresas, así como de sus portavoces en la política y, también, por cierto, muy por encima de las insidias del poder capitalista extranjero.
En el momento de las definiciones es cuando cada cual demuestra quién es y dónde está.
Cuando la oposición usa al Congreso para defender a los patrones, los trabajadores en el Gobierno saben actuar como corresponde.
Siempre he sostenido que mi Gobierno, el de la Unidad Popular, es el Gobierno de los Trabajadores, no el de los empresarios.
Es ahora cuando mi Gobierno demuestra con qué clase social se identifica, cuando hay que pronunciarse a favor o en contra de que la clase trabajadora sea dueña de las empresas fundamentales del país.
La mayoría opositora está convirtiendo al parlamento en una barrera contra los cambios, ha frustrado el diálogo sobre el modo de realizarlos y ha dicho simplemente: “Basta de acuerdos; las empresas son de propiedad de los patrones, no de los trabajadores”.
Pues bien, el Gobierno dice: “No. Las empresas monopólicas y estratégicas que hemos individualizado han pasado ya o pasarán en un futuro inmediato a manos de los trabajadores”.
Este es el dilema fundamental dentro del cual gira nuestra vida pública.
En pocos meses más, en marzo del año próximo, todos los chilenos están llamados a designar qué fuerza debe ser mayoritaria en el Parlamento, si la de los trabajadores o la de los capitalistas.
Yo tengo la confianza de que la voluntad popular logrará, entonces, que el Congreso, junto al Gobierno, defienda sin ambigüedad los intereses del pueblo trabajador.
Para la etapa que estamos iniciando, el Gobierno ha emprendido la preparación de un nuevo Código del Trabajo; de una nueva ordenación de la seguridad social; de una nueva ley de la Reforma Agraria; de un nuevo Código Tributario; el establecimiento de un Servicio Nacional de Salud Único; la concreción de una profunda Reforma Educacional.
Estamos estudiando, por cierto, la elaboración de una nueva Constitución que rija y ordene el funcionamiento de nuestra sociedad en el período de transición al socialismo.
Oportunamente, todos estos proyectos de cambio fundamental serán sometidos al conocimiento, discusión y crítica del pueblo, para que tome conciencia de la importancia de la elección de 1973 y el contenido material del proceso revolucionario.
En muy pocos días más enviaremos al Congreso proyectos como los de probidad administrativa y contra el delito económico. También el que reajusta los sueldos y salarios; y el que autoriza el conocimiento de las cuentas corrientes bancarias. Ya está en el Parlamento el que hace pública la declaración de la renta. Además, serán enviados, asimismo, los proyectos que delimitan las áreas de pequeña y mediana industria, y la pequeña y mediana propiedad agrícola e industrial, y el que define el concepto de familia para los efectos de la protección de la propiedad familiar, así como el que establece los Tribunales Administrativos.
En el aspecto social, vamos a enviar proyectos para crear el Fondo Único de Pensiones, el Instituto Nacional de la Cultura y la Editorial del Estado; y el proyecto para impulsar la Educación Física y el Deporte Popular. Vamos a modificar, igualmente, la Ley del Fondo de Auxilio Escolar y Becas.
En otro orden de cuestiones, antes de Navidad habremos terminado de organizar un nuevo servicio de patrullaje, realizado conjuntamente por Carabineros e Investigaciones, destinado a proteger a los ciudadanos contra los delincuentes comunes, particularmente en las poblaciones marginales. Técnicamente, será sin duda uno de los mejores servicios de patrullaje de América Latina, y uno de los más perfeccionados del mundo.
Pediré urgencia para que el Congreso se pronuncie sobre la nacionalización de la ITT. La dignidad de Chile exige el pronto despacho de la iniciativa de mi Gobierno.
Tomaré, además, todas las medidas administrativas para impedir la participación directa o indirecta de esa empresa transnacional en los asuntos internos del país.
Dentro de poco solicitaremos del Congreso facultades para organizar la Administración Pública; necesitamos crear los Ministerios de Industria, de Transportes, de Comercio, de Importación y Exportación y de Planificación, como asimismo la Subsecretaría de Deportes, Educación Física y Recreación.
Pedimos esa facultad ya que tenemos la dura experiencia de la larga tramitación de los proyectos que crean el Ministerio de la Familia y el del Mar, que llevan más de dieciocho meses de tramitación en el Congreso.
Finalmente, debo reafirmar una vez más cómo se está viviendo la democracia política y cómo se respeta su ejercicio. Nunca hemos negado el significado de las consultas electorales, desfavorables o favorables, y sólo nos limitaremos a señalar ahora que, dígase lo que se quiera, el hecho es que en las últimas elecciones ha quedado bien evidente que en la CUT dos tercios de los trabajadores organizados del país se identifican con la política del Gobierno y es lógico pensar que por sentido de clase el otro tercio está también por los cambios que impulsa el Ejecutivo.
Asimismo, el éxito de las candidaturas de izquierda en la Universidad Técnica del Estado y el triunfo de la lista de izquierda de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, están demostrando la amplitud del respaldo de nuestra juventud estudiosa al proceso de transformaciones que está llevando a cabo el Gobierno de nuestro país.
Las horas duras que vivimos y viviremos en el terreno económico, como consecuencia del descenso extraordinario del precio del cobre, del alza del precio de las materias primas y de los repuestos, y ello ligado a la crisis monetaria del capitalismo precipitada por la devaluación del dólar, y la gran carga de la deuda externa no renegociada, a lo que se agrega el impacto de los terremotos y temporales en la producción agrícola e industrial y las evidentes deficiencias de nuestra infraestructura, especialmente en los transportes, en todos los niveles, nos llevará a drásticas medidas de orden económico, a una verdadera política de guerra para derrotar al subdesarrollo.
El Gobierno no vacilará en patrocinar estas medidas, pero para que ellas den resultados se requieren una compacta orientación política y una centralizada conducción económica.
Las medidas económicas estudiadas tienden a velar por los intereses de los sectores necesitados, a garantizar los derechos y expectativas de los medianos empresarios y, por sobre todo, a cautelar el desarrollo económico de Chile.
Debemos hacer más y más integral la Unidad Popular, instrumento de los trabajadores. Esta mayor cohesión y la constitución del partido federado, son pasos muy positivos en el proceso revolucionario.
Debo destacar que la dirección de la Unidad Popular ha demostrado una amplia comprensión y apoyo a las concepciones estratégicas y tácticas que debemos desarrollar. Del mismo modo, lo hemos hallado en la CUT y en las organizaciones juveniles.
De acuerdo con mi propósito de incorporar a la tarea por Chile a todos los chilenos que miran por la construcción de una sociedad más justa y más igualitaria, estamos patrocinando un compromiso con la mujer y con la juventud chilena: esto quedará plasmado en la carta que establece los derechos de la mujer y del anciano, y la que fija los deberes y derechos de la juventud.
Debo insistir en lo que tantas veces he dicho: sólo un pueblo disciplinado, organizado y consciente, afianzará la revolución y la hará progresar. Debo insistir en que hay que estudiar más, en que hay que trabajar más y producir más, para lo cual es fundamental la disciplina.
Los militantes y simpatizantes de la Unidad Popular no pueden prestarse a participar en tomas de edificios, oficinas, caminos, casas o predios agrícolas. No puede aceptarse la interrupción del trabajo, ni realizar tareas políticas en las horas de labor.
Como, en otro orden de cosas, tampoco puede tolerarse ninguna injerencia política o partidaria que contradiga la línea jerárquica organizada de los Ministros, Subsecretarios y Jefes de Servicios. Son los Ministros los responsables de la marcha administrativa de sus dependencias, y deben ejercer a plenitud sus facultades.
Estoy exigiendo públicamente la máxima acuciosidad de todos los funcionarios en el correcto desempeño de sus labores y tareas.
He pedido declaración jurada de sus bienes a los Ministros y demás funcionarios de la confianza del Presidente.
Ordené un sumario a la Contraloría acerca de los incidentes acaecidos en la Aduana de Arica y he puesto en ejecución las medidas recomendadas por esa institución; exoneración de tres funcionarios, petición de renuncia a uno y traslado para otros.
He designado nuevo Gobernador de Arica y nuevo Superintendente de Aduanas, no por razones morales, sino de orden administrativo, en relación con esos incidentes.
He ordenado dos sumarios en LAN-Chile y en esta semana serán conocidos por el Consejo de la Empresa, a fin de que se adopten las medidas pertinentes.
El Ministro de Economía ha dispuesto dos sumarios en SOCOAGRO, atendiendo la denuncia pública hecha por un militante de la Unidad Popular, lo que merece respeto porque asume la responsabilidad de haberla hecho.
Pero no quiero limitarme a cautelar la honestidad de la Administración Pública, sino que dando ejemplo, como corresponde a un Presidente de los Trabajadores, seré el primer Jefe de Estado que entregará al conocimiento del país y de una Comisión Especial de la Cámara el resultado de la investigación que yo mismo solicité a la Contraloría General de la República, acerca del origen y naturaleza de mis bienes, de los de mi cónyuge, de mis hijas y de mis hermanas; asimismo de las del personal de mi secretaría.
Han sido reemplazados más de 15 funcionarios entre los mandos medios, y, de acuerdo con los Ministros respectivos, se reemplazará a otros para hacer más eficaz la administración del Estado.
De la misma manera que sancionamos o tomamos medidas para el mejor desarrollo de las tareas administrativas, no dejaremos en la indefensión a los funcionarios que son atacados en forma injusta y soez.
Hago un llamado a los partidos y movimientos sociales para que se impongan erradicar la violencia como instrumento político.
El Gobierno ha presentado un conjunto de indicaciones orgánicamente integradas al proyecto de iniciativa parlamentaria destinado a impedir la tenencia y el uso ilegal de armas. Ellas tienden a perfeccionar la legislación vigente sobre la materia, a dar una mayor participación a las Fuerzas Armadas y a la Justicia Militar en el control de su cumplimiento, y a evitar que se comprometa a las instituciones castrenses en aspectos de política contingente, como sucedía con el proyecto original.
Advertimos que ha habido, y hay, grupos antidemocráticos y fascistas que han conspirado y continúan haciéndolo, y ahora ensayan recurrir a la acción directa. El enfrentamiento de hace veinticuatro horas entre jóvenes del Partido Demócrata Cristiano y esos elementos confirma lo que he dicho.
No toleraré la repetición de semejante procedimiento.
Los chilenos debemos esforzamos en preservar derechos y conquistas cívicas, que a todo nos pertenecen.
Me he comprometido a hacer los cambios estructurales que Chile exige; a abrir el camino al socialismo en libertad, democracia y pluralismo. Lo vengo cumpliendo, y lo seguiré cumpliendo.
Los chilenos tenemos que entender que nuestros problemas los solucionamos nosotros mismos.
El patriotismo y la dignidad nos exigen, por lo tanto, rechazar toda injerencia foránea.
El dilema de Chile está ya claro que no es entre Democracia Cristiana y Totalitarismo. El dilema de Chile es entre los intereses chilenos y los del capital extranjero; es entre patriotas y antipatriotas; entre hegemonía de los patrones o de los trabajadores.
Junto con la inmensa mayoría de nuestros conciudadanos, reafirmo hoy mi fe en el pueblo y en nuestro futuro como nación independiente, digna y soberana.